Las denuncias y los escándalos de corrupción arroparon al gobierno el año que concluye y sectores de la población que tradicionalmente lo respaldaban le retiraron el apoyo incómodos por la supuesta permisión con las acciones delictivas.
La primera denuncia de corrupción la hizo la Oposición que acusó a Fernández de uso y abuso de los recursos del Estado para facilitar su reelección presidencial.
Instituciones privadas criticaron que el gobierno destinara en los primeros meses de este año más de 50 millones de pesos en publicidad y propaganda con el propósito de inducir al votante a que votara morado.
Esos cuestionamientos ocasionaron que el gobierno respondiera esos cuestionamientos y tildara a esas organizaciones de “perredeístas”.
Los perredeístas y reformistas acusaron a Fernández de “comprar y torcer voluntades con el dinero del pueblo”.
Durante la campaña, el Partido Revolucionario Dominicano acusó al gobierno de firmar ilegalmente el contrato de 130 millones de pesos con la empresa Sun Land, porque debió ser sometido al Congreso Nacional y no se hizo.
La la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inadmisible por falta de calidad de demandante, la instancia de ilegalidad sometida por el PRD.
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